La Comisión Europea ha adoptado formalmente nueva legislación sobre el nitrógeno recuperado a partir de estiércol (RENURE), lo que supone un paso significativo para reducir la dependencia de la Unión Europea de los fertilizantes importados. Las nuevas normas introducen una mayor flexibilidad en el uso de los productos RENURE, permitiendo su aplicación por encima de los límites actualmente establecidos para el estiércol en la Directiva de Nitratos.

Este cambio normativo permite a los Estados miembros y a los agricultores sustituir los fertilizantes químicos convencionales por alternativas basadas en RENURE, derivadas del estiércol procesado. La medida está diseñada para garantizar que esta transición se lleve a cabo de forma segura, manteniendo la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente, al tiempo que ofrece beneficios económicos y estratégicos para el sector agrícola.

Al ampliar el uso de fertilizantes RENURE, la UE busca reducir los costes de insumos para los agricultores, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y reforzar la economía circular en la agricultura. Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a aumentar la autonomía estratégica de la UE al reducir la dependencia de los mercados externos de fertilizantes, que han mostrado una elevada volatilidad en los últimos años.

La adopción de las nuevas normas se produce tras el voto favorable de los representantes de los Estados miembros en el Comité de Nitratos en septiembre de 2025. Posteriormente, la propuesta fue remitida al Parlamento Europeo y al Consejo para su examen, sin que ninguna de las dos instituciones presentara objeciones. Como resultado, la modificación entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La aplicación del nuevo marco dependerá de los Estados miembros, ya que las normas solo se aplicarán en aquellos países que decidan autorizar el uso de fertilizantes RENURE. Estos deberán transponer la modificación a su legislación nacional.

Según la comisaria Jessika Roswall, la iniciativa refleja el compromiso de la UE de transformar los residuos en recursos valiosos, apoyar la competitividad de los agricultores y garantizar la protección del medio ambiente, al tiempo que refuerza la resiliencia del sector agrícola.

El Acuerdo Comercial Interino UE-Mercosur (iTA) se aplicará provisionalmente a partir del 1 de mayo de 2026 entre la UE y los países del Mercosur que hayan finalizado sus procedimientos de ratificación y notificado antes de finales de marzo. Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay, que ha ratificado recientemente el acuerdo, enviará su notificación en breve.

La aplicación provisional permitirá eliminar aranceles en determinados productos desde el primer día, generando reglas previsibles para el comercio y la inversión. Empresas, consumidores y productores europeos podrán beneficiarse de inmediato, mientras que los sectores sensibles de la UE estarán protegidos mediante salvaguardas específicas.

Asimismo, el acuerdo reforzará la cooperación UE-Mercosur en ámbitos clave como los derechos laborales y el cambio climático, y contribuirá a cadenas de suministro más resilientes, especialmente en materias primas críticas.

Los exportadores podrán consultar cómo aprovechar el acuerdo a través de la plataforma Access2Markets, donde próximamente estará disponible toda la información.

Entre las principales actuaciones, se establece una ayuda de 20 céntimos por litro para el gasóleo de uso agrario, vigente hasta el 30 de junio, con un presupuesto de 52 millones de euros. Asimismo, se habilita una línea de 500 millones de euros para la adquisición de fertilizantes, uno de los insumos más afectados por el aumento de precios.

El paquete contempla también el refuerzo de la financiación mediante la ampliación en 300 millones de euros de la línea ICO-MAPA-SAECA, destinada al sector agroalimentario y pesquero. De este importe, 225 millones se destinan a subvencionar el principal de los créditos y 75 millones a cubrir avales.

Aunque el impacto es transversal, estas medidas tienen especial relevancia para la producción ganadera, incluido el sector porcino, al contribuir a contener el coste de los insumos clave como el combustible y los fertilizantes, que inciden directamente en los costes de alimentación y manejo.

El decreto incluye además una compensación de 25 millones de euros para la flota pesquera por el incremento de costes energéticos y una exención temporal de la tasa sobre pesca fresca.

Estas actuaciones buscan reforzar la viabilidad del sector agroalimentario en un contexto marcado por el encarecimiento de materias primas, energía y transporte.